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La previsión debe ser social no especulativa

"Los fondos de pensión son la savia que alimenta al capital financiero concentrado y globalizado, cambiar el eje de la especulación por el de la producción es marcar el rumbo de los tiempos". El sistema de capitalización debe eliminarse.

Por » José Luis Di Lorenzo
correo@losocial.com.ar
 

“Todo lo que nos rodea es falso o irreal. Es falsa la historia que nos enseñaron. Falsas las creencias económicas con que nos imbuyeron. Falsas las perspectivas mundiales que nos presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen. Irreales las libertades que los textos aseguran.”. “Volver a la realidad es el imperativo inexcusable.”
Raúl Scalabrini Ortiz.
(Política británica en el Río de la Plata).

El cambio de rumbo del nuevo Gobierno nacional resulta el marco propicio para afrontar la primera etapa de la reforma previsional, la que puede visualizarse como el inicio de una profunda reforma de la seguridad social. La cuestión preliminar y de fondo consiste en lograr que el Estado reasuma su rol constitucional en la materia, apelando a este colectivo social como uno de los ejes de recreación y recuperación del mercado interno, mediante una reasignación virtuosa de los recursos fiscales con destino a la obra pública y la generación de nuevos empleos.

El sistema de capitalización privado, cuya ineficiencia conceptual y real ha quedado demostrada, debe derogarse utilizando los recursos que hasta ahora han sido derivados al negocio financiero, a la pronta recomposición del haber previsional (incluidos los casos de quienes lo demandaron administrativa o judicialmente), afrontando y solucionando la situación de la población mayor, que por razones de Estado, se ve actualmente excluida de beneficio alguno.

La gestión del sistema público requiere una profunda reestructuración administrativa, avanzando en la autarquía de los fondos previsionales y en la formulación de un presupuesto separado y diferenciado del de rentas generales. La idea es concreta, no enredarnos en farragosas y nuevas reformas legales, hasta que no se corte el nudo estructural que ha puesto en riesgo cierto de extinción al sistema previsional. La reforma previsional inicial debe incorporar el concepto de inversión social como eje de cambio de rumbo, encaminándose a la protección social extendida como futura política de Estado.

Frente a las recurrentes objeciones fiscales, es bueno adelantar que la insuficiencia de recursos es parte de la retórica liberal, ya que en la Argentina de los últimos veinte años el quintil más rico se apropió de un excedente de 580.000 millones de dólares (sobre sus necesidades de consumo) , o que en el mundo el 20 por ciento de la población más rica se apropia del 80 por ciento de la riqueza global, mientras el 80 por ciento restante apenas accede al 20 por ciento de los recursos existentes y disponibles .

En lo previsional, el eje sustantivo a considerar es volver al concepto de previsión social. Se debe cambiar la lógica que ha pretendido -y pretende- situar la responsabilidad de la previsión en el individuo, similar a la que imperó en la primer etapa de la revolución industrial y que encuentra fundamento filosófico en el objetivismo . La reforma previsional que se impone no puede obviar los resultados catastróficos -para la gente- que significó la reforma estructural realizada en 1993, y el indubitable incumplimiento de los presupuestos teóricos que la inspiraron. Frente a la reforma estructural que significó la privatización y desregulación de la seguridad social, hay que asumir que el sistema de reparto es parte del contrato social, y que los fondos de pensión son la savia que alimenta el capital financiero globalizado y concentrado . Lo que impone su radical modificación, acabando con la lógica -que aún persiste- de atender los requerimientos de los mercados financieros locales y globales.

Ejes para la reforma previsional

La gran definición consiste en el salto cultural, que cuenta con instrumentos variados y cuyo mérito y oportunidad deben ser políticamente ponderados en el marco de una visión integral. Habría tres etapas a tener en cuenta, que son complementarias y sucesivas:
La primera, que puede denominarse “verdad y justicia”, parte del supuesto de dar por concluido el saqueo de la seguridad social a manos del sistema financiero, utilizando los recursos disponibles para empezar a devolver la movilidad al haber previsional, delineando las bases para el pleno cumplimiento del contrato social que impone el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Simultáneamente se propone afrontar la reforma administrativa del sistema público concretando que los interesados sean quien los gestionen.

La segunda etapa debería profundizar, previa cuantificación y evaluación, la reformulación de las prestaciones de la seguridad social, merituando la extensión y características del seguro social, el rol deseado para el instituto asignación familiar, avanzando en el desarrollo de un nuevo haber de protección social.

La tercera etapa, es la regional, ya que la realidad político económica impone delinear e implementar la integración de la seguridad social en el Continente, definiendo un nuevo marco de financiamiento con asiento en las transacciones financieras y comerciales.

VERDAD Y JUSTICIA.

Hay sobradas razones morales y legales para derogar el sistema en su componente privado, respetando los derechos adquiridos de los beneficiarios y aportantes al mismo. A los argentinos nos costo demasiado la aventura neoliberal en el tema. Se les quitó a los jubilados los recursos que financiaban sus prestaciones y se generó un déficit acumulado de unos 69.000 millones de pesos (1994 – 2001). Además, se privilegió con comisiones millonarias y confiscatorias al sector financiero al que se le otorgó la administración. Encima, el sistema privado apenas “afronta” unos 137.000 beneficios respecto de sus más de 9.000.000 de afiliados, pero es el Estado el que paga en más de un 80 por ciento esos haberes ya que tiene a su cargo el pago de la PBU y la PC. Adelantamos que el sistema privado creado por la Ley 24.241 es nulo e inconstitucional.

En un momento en que aparece la conflictividad respecto del destino de los fondos de pensión acumulados y de la composición de la cartera, resulta aconsejable diseñar una ingeniería financiera para que con el respaldo de los existentes, se constituya un fideicomiso destinado a:
1) Recuperación del crédito
2) Cartera de inversión menos riesgosa para los aportantes.
3) Baja del interés de mercado
4) Fortalecimiento de la banca pública.
5) Inversión en obra pública.
6) Otorgamiento de créditos hipotecarios.

De este modo se logrará aportar a la creación de empleo -invertir 3.000 millones de pesos en la construcción genera 30.000 puestos de trabajo- garantizando el nivel de rentabilidad de dichos fondos en el largo plazo.

Reforma del sistema público.

El sistema público debe reformularse administrativa y legalmente. Precisando que la reforma legal debe tener dos etapas, una inicial y parcial que repare el daño hecho por el sistema de capitalización, otra integral con visión de la sociedad futura que se quiera políticamente diseñar. La Administración Nacional de Seguridad Social aparece como un organismo aniquilado -tal cual fue el objetivo literal del Decreto 2284 que logró lo que pretendía, “disolver” el anterior Instituto Nacional de Previsión Social-, y desvinculado de la política social de la Secretaría de Seguridad Social, de la que debería ser su instrumento.

Reforma inicial del sistema previsional.

Como indubitada señal del cambio de modelo, la reforma previsional inicialmente se debe limitar a la eliminación del sistema de capitalización privado redireccionando los recursos a los pasivos y asumiendo la situación de la población mayor, que por razones de Estado, se ve excluida de beneficio alguno, como la desocupación y la imposibilidad de acreditar aportes, entre otras. Concretando además la autarquía de los fondos previsionales, ahora nuevamente públicos, de modo semejante a los que en la última década se le concedió al negocio financiero, empezando a delinear un Presupuesto separado del de Rentas Generales.
Recuperación del haber de los jubilados.

Procurar que los actuales jubilados alcancen -o se aproximen- por lo menos al nivel de la canasta de subsistencia, es posible apelando a los recursos que fueron detraídos del sistema, sin alterar –momentáneamente- los recursos tributarios actualmente afectados al pago previsional. Asimismo se debe coordinar y ponderar la política fiscal general, tanto respecto de la reposición de recursos anteriormente vigentes del sistema previsional como así también mediante la creación de recursos tributarios alternativos (a las transacciones bursátiles, a las ganancias sobre la rentabilidad de los plazos fijos y otros). Tratándose en suma de una reformulación del contrato social, roto por la cuestionada reforma de 1993, no sería de descartar una consulta popular que avale la derogación del sistema privado.

Reparación social

Cubrir al 35 por ciento de la población mayor sin posibilidades de acceder al beneficio , aparece como un imperativo, la disyuntiva conceptual, es si la solución se dará desde el sistema previsional o desde el marco asistencial. Una opción de financiamiento surge de la eliminación del tope para los aportes personales y de la recuperación de nivel de alícuota y reposición de la contribución patronal. Gran parte de la erogación para el pago del subsidio vigente a Jefas y Jefes de hogar desocupados, puede contar así con recursos propios.

Visión integral de la reforma

Es fundamental visualizar integralmente los efectos virtuosos que la primera etapa de la reforma producirían por la reasignación de los recursos recuperados. A modo de síntesis y de evaluación de las consecuencias reales y prácticas que una reforma como la propuesta producirá, se analiza sintéticamente los extremos de la misma, la utilización alternativa de los recursos que se generarán, pasando revista a los derechos adquiridos y al impacto fiscal.
Con las inversiones actuales de los fondos de pensión se propone articular una ingeniería financiera que sirva como instrumento para la expansión del crédito coadyuvando a la regulación de la tasa de interés de mercado y al fortalecimiento de la banca pública. Destinando parte de esos recursos a obra pública.

La eliminación de las AFJP liberará para su reasignación un importante volumen de fondos. Debido a ello es necesario asegurar que su futuro uso se dirija hacia actividades productivas que signifiquen un riesgo menor que el que le corresponde a las inversiones hechas por las
AFJP

Derechos adquiridos.

Sin perjuicio de que las AFJP son un organismo inconstitucional, cabría aplicar al mismo los principios de la expropiación legal lítica del Estado, que vía interpretativa solo daría lugar a la reparación del daño emergente -no al lucro cesante- siendo en consecuencia pasible de indemnización lo relacionado con las inversiones realizadas para desarrollar la actividad, tales como las concretadas en bienes inmuebles y muebles. No así respecto de los gastos operativos que han sido compensados con el cobro de las comisiones devengadas en el período de vigencia del sistema.

Respecto de la compañía de seguro de retiro, como en el caso anterior tampoco corresponde indemnización por lucro cesante frente al accionar lícito del Estado. Agregándose que atento que no existe con estas empresas garantía de contratación -acceden al seguro por licitación o por libre elección del afiliado- tampoco cabe indemnización por daño emergente.
De disolverse las AFJP los empleados tienen derecho a la indemnización por despido que prevé el RCT. Sin embargo y con la finalidad de no generar un incremento de la desocupación se propone que con el dinero destinado a las indemnizaciones, se genere un fondo destinado a micro emprendimientos turísticos. Ello permitiría la reconversión laboral de 9.000 productores de las AFJP, en tanto se plantea la absorción de los 3.000 administrativos por la administradora del fondo de pensión recuperado, y en su caso, previa evaluación, por la administración de la seguridad social.

Respecto de los afiliados se debe considerar que conforme es conteste la jurisprudencia su derecho adquirido es al cese. Sin embargo se debe respetar el derecho a la porción de la jubilación ordinaria en la misma extensión que prevé la legislación vigente, como pago parcial de la remuneración total que le corresponda, garantizándoles respecto del fondo de pensión acumulado una rentabilidad mínima equivalente a la que obtendría de depositar los mismos en una caja de ahorros común capitalizable (garantía que el sistema de capitalización no otorga).
Impacto Fiscal.

Recuperar los recursos que hoy engrosan el negocio de las AFJP y se destinan parcialmente a los fondos de pensión significa recuperar cerca de 3.000 millones anuales en calidad de recursos fiscales. Si bien se propone asignar ese monto al pago de la movilidad pendiente, debe medirse el efecto multiplicador que generará atento que se trata de población sin capacidad de ahorro y con total propensión al consumo, lo que redunda en la recaudación de nuevos impuestos en concepto de IVA y de Ganancias.

Devolverle la credibilidad al sistema y mejorar la fiscalización, genera el supuesto de que se puede lograr subir gradualmente el nivel de recaudación que hoy está en cerca del 30 por ciento de los afiliados al sistema. De concretarse permitiría ir sustituyendo parcialmente recursos fiscales que actualmente se destinan al pago de pasividades.

Conclusión.

Es probable que haya quienes crean inviable afrontar el drástico cambio que se propone y se entiende se impone, pero el mismo se funda en el eje reclamado por la sociedad: verdad y justicia. La idea es concreta: No enredarnos en farragosas y nuevas reformas legales, hasta que no se corte el nudo estructural que ha puesto en riesgo cierto de extinción al sistema previsional. Se trata de un decisión política sustancial, articular desde la ejemplaridad el cambio político cultural del modelo padecido por los argentinos y que también padecen otros países del continente.

Los fondos de pensión son la savia que alimenta al capital financiero concentrado y globalizado, cambiar el eje de la especulación por el de la producción es marcar el rumbo de los tiempos. La gestión pública de la seguridad social no es una solución por sí misma, si no va acompañada de un saneamiento real de su gestión y de la debida protección a los recursos destinados a parte de la inversión social.

En suma, cumplir con la Constitución Nacional es el programa a implementar.

Publicado el 02/06/2005

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