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La revolución industrial del siglo XIX tras el abandono de las actividades primarias patentiza la contradicción entre la abundancia de algunos frente a la pobreza de otros.

En los períodos de reconstrucción de las dos guerras mundiales empieza la evolución y la organización de la cobertura social de los sectores más desprotegidos bajo el nombre de seguridad social.

En Argentina se crea en el año 1904 la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para los empleados de la Administración Pública y tras la huelga de 1912 se presenta el proyecto que se aprobaría en 1915 e iniciaría su funcionamiento en 1919 como Caja de Jubilaciones para los Ferroviarios, expandiéndose la seguridad social a partir de 1944 bajo el influjo del entonces coronel Perón.

Se establecen distintos mecanismos de ajuste para los salarios de los jubilados hasta que en la reforma constitucional de 1957 se incorpora la movilidad del haber como imperativo supremo en la redacción del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

A partir de 1968 la ley reglamenta el nivel de prestaciones y remite al índice de la Encuesta Permanente de Salarios cuya elaboración anual pone a cargo de la Secretaría de Seguridad Social, en base a la cual a partir de allí se deberán calcular los haberes iniciales y los ajustes posteriores de los jubilados.

Instaurado el golpe militar de 1976 la ortodoxia liberal importa de la mano del Ministro Martínez de Hoz el monetarismo de Milton Friedman.

Ya a partir de 1979 se empieza a trampear el índice de la Encuesta para despojar a los jubilados de parte de su sueldo, mes a mes.

Reinstalada la democracia en 1983 con la elección de Raúl Alfonsín se continúa la distorsión en el pago y se inicia el camino hacia la justificación del abandono de la seguridad social al dictarse el decreto de "emergencia previsional".

Dicho decreto, el 2196 del año 1986 además de postergar el pago de lo reclamado judicialmente por los perjudicados, modifica el sistema de movilidad, empieza a culpar a la Justicia del quiebre del sistema previsional, y a argumentar la imposibilidad económica de cumplir con la obligación legal y constitucional a cargo del Estado.

A fines de 1990 ya se visualizaba la mano de la economía neoliberal y su deseo de importar el modelo de capitalización chileno. No es casualidad que en mayo de 1991 con el apoyo del gobierno provincial de Antonio Cafiero desde el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires se publicara la obra de Amancio López titulada "Monetarismo y Previsión Privada", que cuestiona el mentado sistema de capitalización, demuestra su inviabilidad en el mundo y desnuda su fundamentación en la escuela Monetarista de Milton Friedman.

El cambio del signo político del gobierno (asume Carlos Menem la presidencia), la ideología del Justicialismo, sus antecedentes históricos y especialmente el de haber sido el que incorporo los derechos de la ancianidad a la Constitución aprobada en 1949, abrigó la esperanza de tiempos mejores.

Se reconoció parte de lo adeudado a nuestros mayores mediante el pago en bonos de la deuda pública y se puso en funcionamiento una instancia especializada y única para atender los reclamos del sector ( la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social ), para luego revertir la propia historia terminando de consolidar (ahora en democracia) la ideología del golpe de 1976.

Así de nuevo de la mano del monetarismo y con el argumento de la muerte de las ideologías, se volvió al concepto de asistencialismo siempre condenado por el Justicialismo.

Lo cierto y objetivo es que desde el año 1979 a 1995 los distintos gobiernos se apropiaron (a moneda constante) de casi 75.000 millones que pertenecían a los jubilados y le dieron otro destino.

Semejante cifra impresiona y hasta si no miramos con cuidado parece justificar los asertos economicistas de la imposibilidad de cumplimiento. Pero si la comparamos con el Producto Bruto Nacional acumulado en los mismos diecisiete años (también a moneda constante) ello sólo significa el 1,52% de la riqueza nacional.

Amparándose en el pragmatismo como justificación a la heterodoxia justicialista, el gobierno de Menem en 1993 remata la seguridad social. Se institucionaliza la inseguridad jurídica y social, y se establecen pautas de movilidad supeditadas a las posibilidades presupuestarias y a la recaudación que se obtenga.

Con la mayoría legislativa propia se crea el "nuevo" sistema, que inicialmente pretendía ser totalmente de capitalización, pero que ante la oposición férrea de aún muchos justicialistas (entre los que nos contamos) se terminó en un sistema mixto, parte estatal bajo el régimen de reparto, parte privado bajo el régimen de capitalización.

Nuevamente, pero con mayor insistencia, se vuelve a culpar a los abogados (jueces, doctrinarios y litigantes) de los males que a la economía le ocasiona hacer lugar al derecho constitucional al reajuste de los haberes jubilatorios. Al punto que el ex ministro de Economía (Cavallo) llegó a sostener la necesidad de reeducar a los jueces.

En tanto el desvió de los fondos previsionales entre 1994 y 1995 fue de algo más de 10.000 millones de pesos. Eso sí cada vez que se necesitaba el voto de los legisladores para una privatización, para modificar la ley de coparticipación, para crear o aumentar impuestos, se argumentaba que si no se aprobaban las leyes respectivas no se podría pagar a los jubilados.

En realidad el gobierno de Menen desde su concepción asistencialista decidió y logró congelar los haberes en pasividad para convertirlos en variable de ajuste de la economía.

Tanto en el período de Alfonsín como en el de Menem se meneó el tema de la "industria del juicio", que resultaba más sencillo que acabar con los juicios cumpliendo con la Constitución y las leyes. Lo que demuestra que en realidad hubo y hay una "industria de la injusticia".

El menemismo alcanza la cúspide de la arbitrariedad con la aprobación de lo que irónicamente da en llamar "Ley de Solidaridad Previsional", a partir de la cual lograron parar los justos reclamos y aún postergar ilimitadamente el cobro a aquellos osados jubilados que a pesar de todas las trabas legales incorporadas logren sentencia favorable. Ley a la que Bidart Campos con total acierto denominó " La inicua Ley de "insolidaridad economicista..."

El gobierno de Carlos Menem logró lo que el de Alfonsín quiso pero no pudo con el decreto de emergencia previsional: ¡a los jubilados...ni justicia!.

Reinstalada la ortodoxia económica liberal con la actualización doctrinaria del monetarismo (neoliberalismo), tras el velo de un necesario ajuste estructural se consolida un fenomenal negocio, que:

1) Asegura a los acreedores externos la percepción de los intereses de la deuda externa.

2) Ofrece en el mercado financiero tasas de rentabilidad superiores a la de los países centrales.

3) Permite al empresario local reducir su costo de producción por la rebaja de las cargas sociales y por la rebaja de los salarios (garantizada por el mantenimiento de altas tasas de desocupación).

4) Genera comisiones exorbitantes a favor de la A.F.J.P. (34,80 % del capital que administran) que en pesos significan a los actuales niveles de afiliados efectivamente cotizantes 835 millones al año y que de lograr incorporar a todo el mercado laboral (como el gobierno intenta, fomenta y promueve) puede llegar a 3.340 millones por año.

Eso sí, con la plata y recursos que eran para los jubilados .

Si consideramos que el período de madurez del nuevo sistema (sin mayores sobresaltos) puede ser de unos veinte años, el negocio puro de las A.F.J.P. en tal período será como mínimo de 16.705 millones a un máximo de 66.800 millones.

Las decisiones económicas hemos demostrado que no son inocuas, afectan la calidad y la extensión de la vida de los afectados. Este gobierno logró que el 92% de los jubilados estén debajo del nivel de pobreza y no alcancen o apenas lleguen a la canasta mínima de subsistencia.

El incumplimiento constitucional es total. No se cumple con la movilidad, el Estado abandonó el rol que le fue impuesto, y quebró la solidaridad social.

La Constitución formal aún recepta los principios solidarios y humanitarios, la Constitución real (la que acepta el plan económico) defiende el egoísmo materialista.

Desde 1976 a la fecha se constata la consolidación del mismo modelo socioeconómico que se impuso por la fuerza. Para sostenerlo en lugar de aquel autoritarismo militar se apela al autoritarismo económico. La violencia armada es sustituida por el miedo a la inflación, a la desocupación, a la exclusión (violencia moral). El derecho del ciudadano cede ante el del consumidor. La concentración económica permite que ya no sea necesario la amenaza del golpe militar para garantizar la permanencia y continuidad del "modelo", el golpe de mercado es más efectivo.

A esta altura no creemos posible un acuerdo con los que sólo son liberales en lo económico, pero sí pueden compatibilizarse los principios de la seguridad social con los liberales en serio. Porque creemos en la libertad, en la igualdad y en la fraternidad y porque la seguridad social tiende, mediante sus principios de Justicia Social y Solidaridad, a establecer condiciones concretas de igualdad que permitan el ejercicio de la libertad.

Es más, si coincidimos en la necesidad de una propia identidad (como pensaron en su momento Alberdi y Perón), concluiremos que es posible lograr los postulados sintetizados en la trilogía justicialista de una sociedad justa, libre y soberana, absolutamente compatible con el ideario liberal de libertad, igualdad y fraternidad; sólo hace falta con realismo asumir mínimamente nuestra dignidad.

El Justicialismo estigmatizó aquello de que "donde hay una necesidad hay un derecho"; hoy en cambio desde la violación de los derechos de los jubilados se consagró que: ¡“donde hay una necesidad ... hay un negocio”!